Una empresa íntegra para un capitalismo inclusivo

La gran recesión parece llegar a término en Estados Unidos y Europa, aunque la incertidumbre china y el decrecimiento de Brasil, Rusia y otros emergentes, lastrados por la caída del precio de las materias primas, ensombrece la economía global hasta el punto de obligar a la FED y al BCE a seguir utilizando como único bálsamo sus políticas monetarias, lo que evidencia que aunque la recesión haya concluido, la crisis no lo ha hecho.

En la crisis en la que continuamos instalados cabe distinguir tres actores principales: los organismos de gobierno, las grandes empresas y la ciudadanía. Entiendo que tal esquematización roza el reduccionismo pero para los fines de este texto, necesariamente breve, ruego al lector admita esta licencia. Los gobiernos y los reguladores jugaron un papel fundamental antes y durante la crisis; muchos ciudadanos la sufrieron en sus carnes en términos de desigualdad y exclusión y, finalmente, las grandes empresas tuvieron un comportamiento muy variado en función del sector de actividad, su grado de internacionalización y de otros aspectos de diversa naturaleza.

En cualquier caso, las empresas, las grandes empresas –porque estas canibalizan en el imaginario colectivo el propio concepto de empresa—no se perciben de manera equidistante, como uno de los tres vértices de un triángulo equilátero, respecto a gobiernos y ciudadanos. Esto no constituye ninguna sorpresa porque en la historia de la relación empresa sociedad es una evidencia empírica que en los ciclos económicos bajos la empresa es percibida como enfrentada a la sociedad y en connivencia con el poder político. No es mi intención formular juicios de valor pero ‘salvar a los bancos antes que a los ciudadanos’ puede entenderse como una idea que resume la falta de equidistancia entre los vértices del triángulo.

Obviamente, resulta injusta cualquier valoración general del comportamiento empresarial porque dicho comportamiento es objetivamente distinto y éste, incluso en el caso de las buenas empresas, no implica más que el estricto cumplimiento de la ley. Además de injusta, es poco rigurosa porque en los últimos quince años se ha producido un cambio en la racionalidad empresarial que ha dejado de considerar la maximización del beneficio y el retorno de la inversión casi como el único criterio de excelencia, para incorporar la ética y la sostenibilidad como condiciones imprescindibles para garantizar los resultados a largo plazo. Hoy las grandes empresas son más transparentes, seguras, confiables e innovadoras –los cuatro valores emergentes de la reputación corporativa—que hace dos décadas.

Autorregulación inteligente

Yo pienso que la globalización ha tenido más efectos positivos que negativos. Entre estos últimos se suele apuntar la imposibilidad de una regulación tan rápida como la aparición de nuevas realidades económicas y empresariales y la superación de los estados nación por esa globalidad económica. No sé si la solución es una mayor regulación dentro de las áreas geográficas dirigidas por una misma instancia de gobierno, quizá esto también sea necesario en alguna medida; pero sí estoy seguro que una autorregulación inteligente que incentive la integridad empresarial sería altamente provechosa para los tres vértices del triángulo: empresas, gobiernos y ciudadanía.

El desiderátum de la empresa íntegra exige la formalización de dos hechos: primero, concretar lo que se entiende por un comportamiento guiado por la moral, el respeto al otro y la reciprocidad y, en segundo lugar, identificar los indicadores de un número finito de dichos comportamientos y, por supuesto, las métricas que permitan su evaluación empírica.

Las técnicas de investigación propias de las ciencias sociales han resuelto hace tiempo el camino de esa formalización, de lo qué es y lo qué tiene que hacer una empresa para ser considerada íntegra. Mediante un análisis cualitativo se han encontrado, tras su correspondiente jerarquización, ocho comportamientos relacionados con los grupos de interés a los que una empresa íntegra debería comprometerse: una fiscalidad justa, respeto al cliente, consideración por los empleados, contribución a la sociedad, buen gobierno corporativo, integración de los proveedores, inversiones responsables y sostenibilidad medioambiental.

Una autorregulación inteligente requiere un sistema de incentivos que haga justicia con las empresas íntegras en forma de reconocimiento de sus grupos de interés, incluida la opinión pública, para lo cual sería de gran utilidad contar con un Estándar Europeo de Integridad Empresarial en el que, las grandes corporaciones europeas, que libremente lo decidieran, pudiesen auto evaluarse según un conjunto de indicadores de los ocho comportamientos íntegros antes citados e incluir el resultado de esa evaluación en su sistema de reporting aceptando, además, el principio del buen gobierno corporativo de ‘cumple’ o ‘explica’ y dando razón de aquellos incumplimientos como empresas íntegras.

Métricas rigurosas

Después de más de dos décadas evaluando profesionalmente el comportamiento empresarial, he adquirido mucha fe en la discriminación positiva, de ahí la importancia que le concedo a la creación dentro de la Unión Europea del estándar citado. La única condición imprescindible para que la idea sea fructífera es el rigor de las métricas empleadas en la evaluación de los comportamientos propios de una empresa íntegra.

Una fiscalidad justa puede evaluarse a partir de dos indicadores: la transparencia fiscal y la imposición efectiva. Los tax rulings están de actualidad en Europa (luxleaks, Irlanda…) y es ciertamente complicado su análisis, pero la versión 4 del Global Reporting Initiative –indicadores G4-EC1 y G4-SO8—puede resolver su valoración. En cuanto a la imposición efectiva tanto el G-20 como la OCDE esperan implementar sus recomendaciones en 2015 para sus países miembros, hecho avalado en España por el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré.

El respeto al cliente se evaluaría a través del índice de reclamaciones –relación entre las resoluciones anuales favorables a la compañía y el total de resoluciones emitidas—y del grado de satisfacción de los usuarios, equivalente al porcentaje de resoluciones favorables al reclamante sobre el total de reclamaciones.

El tercer comportamiento de integridad empresarial apuntado es la consideración por los empleados, que sería consecuencia de dos nuevos indicadores: la brecha salarial, que es el número de veces que los ingresos de un empleado están contenidos en el ingreso del CEO, recomendando cualquier múltiplo que no supere el 100, es decir, que el primer ejecutivo no gane más de cien veces lo que percibe una persona de la base de la pirámide; y, en segundo lugar, la calidad del empleo, que se mide por el número de empleados con contrato indefinido en relación con el total de la plantilla.

La contribución a la sociedad se puede evaluar a través de la inversión social siguiendo el modelo LBG, London Benchmarking Group, que permite valorar los impactos de la acción social en la comunidad y, como segundo indicador, la relación entre la inversión en I+D de una compañía evaluada según la metodología EU Industrial R&D Investment Scoreboard basada en la relación entre la inversión en I+D y su capitalización.

Para evaluar el buen gobierno corporativo propongo dos indicadores: la independencia del consejo de administración en cuya composición al menos la mitad deberían ser consejeros independientes y, en segundo lugar, la evaluación externa del consejo, anualmente, y satisfaciendo ciertas características que garanticen su rigor. El sexto comportamiento –la integración de los proveedores—exige una demora máxima en el pago de 90 días. La inversión responsable es consecuencia de dos nuevos indicadores: la inversión a largo plazo de la compañía y su presencia en al menos uno de los dos índices de inversión responsable de referencia, el Dow Jones Sustainability Index o el FTSE4Good. Por último, la sostenibilidad medioambiental se evaluaría a través de la calificación otorgada por el CDP, Carbon Disclosure Project muy útil para valorar el compromiso corporativo en materia de cambio climático.

Por un capitalismo inclusivo

Lo menos importante para el fin que este texto persigue es la nomenclatura de indicadores que, solo a título ilustrativo, acabo de exponer para ejemplificar el contenido de ese deseable Estándar Europeo de Integridad Empresarial. Lo sustantivo es el porqué de esta propuesta, que no tiene otra intención que la de contribuir desde el ámbito empresarial a proteger un capitalismo en vías de extinción; aquél que produjo tres décadas de prosperidad en Europa y en Estados Unidos tras la segunda guerra mundial.

El capitalismo es a mi juicio la única forma de desarrollo social y económico viable; eso sí, un capitalismo sano que favorezca la inclusión, no un capitalismo tóxico y excluyente como el del último decenio. En estos años de crisis hemos comprobado, a ambos lados del Atlántico, como la falta de responsabilidad de muchas corporaciones ha dañado al principal sistema económico de nuestra historia, a veces con la anuencia de gobiernos y la ignorancia interesada de muchos ciudadanos, pero hoy aquí se está hablando de la empresa y ella es la protagonista de este relato, porque ese capitalismo sano del que hablo necesita no solo buenas empresas sino, además, empresas íntegras.

Lo que se propone es un mecanismo de recuperación de la confianza en la empresa, en la buena empresa que, a partir de la voluntariedad, se comprometa con sus principales grupos de interés de manera unilateral con una misión –fortalecer un capitalismo que no implique desigualdad y que, por el contrario, favorezca la cohesión—a través de un estándar de integridad empresarial. Sería importante que esta iniciativa comenzara a calar entre algunas grandes empresas europeas y, aún más lo sería, que las pioneras de tal iniciativa fueran algunas grandes empresas españolas.

Justo Villafañe

Catedrático de la Universidad Complutense