martes, febrero 23, 2010

Paraísos fiscales, un problema financiero y jurídico














Madrid, 22 de febrero de 2010. La jornada “Responsabilidad social corporativa, transparencia en la información, centros financieros offshore y desarrollo” organizada por el Observatorio de RSC y la UNED, trató del uso de los paraísos fiscales como una práctica habitual de las empresas transnacionales no sólo como mecanismo de evasión fiscal sino también para la evasión de responsabilidad legal a través de complejas estrategias jurídicas y financieras.

La jornada reunió a expertos e investigadores sobre paraísos fiscales de la Administración Pública, ONG y académicos.

La primera mesa estuvo centrada sobre el papel de los centros off shore o paraísos fiscales, qué son, cuales son sus principales características y el papel de los estados. La segunda mesa trató sobre la implicación de empresas consultoras y los bancos y en la última mesa se trató el caso concreto del sector maderero en la R.D. del Congo e iniciativas concretas sobre transparencia puestas en marcha en el sector extractivo.

Entre las principales cuestiones que surgieron en la jornada destaca que los paraísos fiscales son un problema grave de evasión fiscal que minora las arcas de los países en los que se produce la riqueza influyendo directamente en el desarrollo de los países. Las empresas transnacionales se benefician gracias a la gran flexibilidad financiera que supone su utilización y la opacidad de estos territorios en dónde el acceso a la financiación se realiza de manera rápida y fuera de control permitiendo la movilidad de activos entre distintas sociedades del grupo, según Armando Fernández Steinko.

Pero no sólo se reduce a un problema financiero, como explicó Gregorio Dionis de Equipo Nizkor, sino que los paraísos fiscales permiten separar la gestión fiscal, jurídica y financiera de la propia actividad económica de una empresa, diluyendo la responsabilidad penal ante delitos fiscales.

El consenso general entre los ponentes fue la denuncia sobre la impunidad de la que gozan las actividades en los paraísos fiscales y la existencia de connivencia de los Estados además de la poca voluntad política efectiva de poner coto a estos territorios. Desde que el G20 anunciase en 2009 luchar contra los paraísos fiscales, pocos avances se han conseguido, sólo algunos países han salido de la lista negra de los paraísos fiscales al comprometerse al intercambio de información, sin embargo las actividades especulativas siguen produciéndose sin ningún tipo de control.

Para Juan Hernández Vigueras, miembro de Attac, la banca privada y las empresas consultoras son parte del problema, la primera por dejar de ser una banca de depósitos a una banca financiera que recauda fondos mediante bonos, convierte deudas y créditos en títulos negociables o negocia con productos complejos de especulación financiera en paraísos fiscales. Las segundas por ser entidades especializadas en diseñar las complejas operaciones de ingeniería financiera en paraísos fiscales.

Otro aspecto puesto en evidencia por David Martínez Madero, Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, fue la impotencia del sistema judicial a la hora de investigar delitos fiscales al encontrarse con entramados complejos y el secretismo que caracteriza a estos centros.

Por último en la mesa de casos, Miguel Ángel Soto de Greenpeace presentó un estudio sobre el sector maderero en la RD del Congo que revela una situación de corrupción endémica e impunidad que ha permitido la evasión de impuestos por parte de una de las mayores empresas madereras operando en esta región mediante la expatriación de beneficios a través de paraísos fiscales.

Por su parte, Laura Ruiz de Intermón Oxfam presentó la Iniciativa a favor de la Transparencia en la Industria Extractiva (ITIE) por la que los adheridos, de manera voluntaria, se comprometen a publicar y difundir los pagos e ingresos de las empresas extractivas y los gobiernos ricos en hidrocarburos.

También presentó la iniciativa Publish What You Pay, una coalición de más de 350 organizaciones de la sociedad civil dónde, por un lado, las ONG de países de la OCDE trabajan para que los mercados de valores y las normas internacionales de contabilidad exijan por ley a sus compañías petrolíferas, gasíferas y mineras, la publicación de sus pagos netos desagregados país a país a los gobiernos en relación al acceso a recursos. De igual manera, las ONG de países suministradores promueven la transparencia y la rendición de cuentas por parte de sus gobiernos, a nivel de ingresos y diseño de los presupuestos del Estado y su posterior ejecución.

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