Madrid, 7 de mayo de 2015. Las memorias de responsabilidad social corporativa de las empresas del Ibex 35 se centran en aspectos poco sustanciales para sus grupos de interés. Esta es una de las principales conclusiones de la 11ª edición del informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35”, que el Observatorio de RSC presentó hoy en Madrid.
Mientras se aprecian avances moderados en transparencia sobre información de obligado cumplimiento, como en materia de gobierno corporativo, se resiente la calidad de la información en aspectos centrales de la RSC. Así la información sobre la actividad de las empresas en paraísos fiscales, impuestos pagados país a país, denuncias y sistemas de gestión de la corrupción, puertas giratorias, actividad de lobby, gestión de los derechos humanos en países con elevado riesgo de vulneración o denuncias en materia de libre competencia brillan por su ausencia en las memorias de responsabilidad social de las empresas del Ibex 35. Estos aspectos materiales para la mayoría de los grupos de interés son tratados, en muchos casos, de manera periférica y superficial y dista mucho de los mínimos necesarios para que el informe de RSC se convierta en un procedimiento de rendición de cuentas.
Incremento de empresas en paraísos fiscales.
En 2013, 32 de las 35 empresas que conforman el Ibex 35 mantienen su presencia en territorios considerados paraísos fiscales de acuerdo con la metodología utilizada por el Observatorio de RSC y el número se incrementa, pasando de 467 sociedades en 2012 a 540 en 2013. El paraíso favorito es Delaware y se han detectado 180 sociedades participadas que comparten dos domicilios.
En los aspectos relacionados con la fiscalidad es donde se denotan mayores carencias de información de todos los ejes analizados pese a que existe una creciente demanda en la sociedad para que las empresas informen en detalle de aspectos económicos en todos los países donde operan, más concretamente resultados operativos, beneficios, impuestos pagados, subvenciones recibidas, información sobre actividades y resultados de sociedades actuando en paraísos fiscales, localización de los principales proveedores o gastos salariales.
Una empresa que pretenda gestionar con criterios de RSE debería no usar las diversas posibilidades de elusión fiscal, mientras existan, y, especialmente, no sacar provecho de la no regulación o regulación más laxa de los diversos países donde actúa. La RSE es el cumplimiento de normas desde el espíritu de la ley.
Los casos de corrupción e interrelación entre sector público y privado están más presentes que nunca. A la vista de las numerosas investigaciones abiertas en España por presuntas prácticas corruptas que afectan tanto a partidos políticos y a empresas privadas, no es aceptable que en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas con las que las empresas del Ibex 35 dicen estar comprometidas, éstas no informen de manera amplia y de forma transparente sobre estas cuestiones. Sólo cinco empresas (14,29%) aportan algo de información sobre esta cuestión.
Derechos de los consumidores. Información superficial y con sesgo positivo.
Pese a que los consumidores representan uno de los grupos de interés más importantes y directos para muchas de las empresas del Ibex 35, no se facilita prácticamente información sobre multas y reclamaciones por país.
Es habitual encontrar en los códigos de conducta de las grandes empresas compromisos relacionados con el respeto por la libre competencia. Sin embargo las numerosas multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los últimos meses, muchas de ellas empresas del Ibex35, confirman la vulneración, con demasiada frecuencia de las leyes referentes a la libre competencia y en dónde el gran perjudicado es el consumidor que se traduce en un sobreprecio a pagar por los productos o servicios. Sin embargo las memorias de sostenibilidad pasan de puntillas por estas cuestiones limitándose a indicar que “no se han producido incidencias relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia” o que “no se han registrado multas ni sanciones de carácter significativo derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones”.
La información sobre gestión de los Derechos Humanos es insuficiente.
Se incrementa el número de empresas que adoptan compromisos en materia de Derechos Humanos desde el año 2011 (aprobación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas) e incluso un 40% de las empresas analizadas cuentan con políticas específicas. Sin embargo esto no se traduce en la existencia de mecanismos y procedimientos que garanticen la no vulneración de los Derechos Humanos. Solamente 2 empresas presentan información sobre los riesgos sobre los DDHH a los que están expuestas y un 80% de las empresas analizadas no aportan información suficiente sobre medidas mínimas de control de proveedores en el ámbito de los DDHH. Si bien el hecho de informar no garantiza su efectiva protección, se trata de un paso previo que muy pocas empresas cumplen o, si informan, lo hacen de manera muy genérica.
[1] De acuerdo con la última memoria de la Comisión Nacional de la Competencia, este organismo impuso multas por valor de 454 millones de euros durante el periodo 2012-2013, un 88% más con respecto al ejercicio anterior.
Fuente: Observatorio RSC
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