La falta de Responsabilidad Social Empresaria de las empresas extractivas en Argentina

General Mosconi, en Salta, una de las dos reservas de gas y petróleo mas grandes del país. La cuenca del noroeste, donde está Mosconi, tiene reservas comprobadas por 29.949.000 m3 de petróleo y 161.748.000.000 m3 de gas, abasteciendo a diferentes provincias, así como también a países vecinos como Chile y Brasil.
Mosconi será el nodo de la obra gasífera binacional más importante de la región, el gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA), recientemente anunciado por los gobiernos argentino y boliviano, un sistema de transporte de gas que parte desde Bolivia y atraviesa Salta, Formosa, Chaco, hasta Santa Fe. El proyecto demandará una inversión superior a los 1.700 millones de dólares.
Las comunidades guaraníes, wichís, tobas, tapietes y chanés que viven en la zona enuncian que se ven afectadas por la incursión de empresas que utilizan su territorio para la construcción de esta obra.
La tensión social con la comunidad autóctona en el proyecto gasífero en Salta se profundiza en áreas de gran riqueza en recursos naturales
en vías de explotación.
Junto a un grupo de ex trabajadores de YPF que reclaman trabajo a la empresa Repsol y sus subsidiarias, los aborígenes tomaron hace dos meses y medio una válvula de presión del gasoducto y amenazan con adoptar medidas extremas para el reconocimiento de los derechos de propiedad de los pubelos indígenas. Por ejemplo, Flavio Vieyra, ex
empleado de YPF expreso: “la toma de la válvula fue nuestra reacción ante la falta de respuesta a nuestros reclamos” que incluyen una reparación económica para los despedidos y trabajo genuino para que no “sigan muriéndose de hambre” ya que “varios compañeros nuestros también son víctimas de la desnutrición, como Carmelo Sánchez y
Gerardo Pérez” ambos ex obreros de la petrolera estatal.
En la decena de comunidades aborígenes que habitan el Departamento Mosconi viven unas 350 familias. Todos se encuentran bajo la línea de pobreza y más de la mitad padece enfermedades derivadas de su condición socioeconómica.
“Es una inmoralidad que con tanta riqueza en esta tierra, los pueblos originarios nos estemos muriendo por falta de alimentos”, afirmo también Lucio Juan, cacique de la comunidad en Urundel y padre de la criatura fallecida. “Mi hijo tenía apenas dos años y pesaba 10 kilos, desde febrero dejaron de hacerle los controles en el hospital y se murió los primeros días de julio por bajo peso, desnutrido”, explica
Lucio.
Mas allá de la falta de responsabilidad social evidente del estado argentino, medidas de protección de los derechos humanos por parte de multinacionales como Repsol y mayor accountability son esenciales para casos como este.
No se puede seguir delegando la responsabilidad a las comunidades mas vulnerables que lo único que reclaman es el derecho a la vida con las únicas herramientas que les quedan.