Las empresas del IBEX 35 incrementan su presencia en paraísos fiscales

· Ninguna empresa del índice bursátil español aporta información sobre impuestos y subvenciones de todos los territorios en los que opera

· La información medioambiental y social se estanca


Madrid, 9 de febrero de 2012. Las empresas del IBEX 35 incrementaron su presencia en paraísos fiscales durante el ejercicio 2010 y ninguna de ellas facilita información sobre las actividades desarrolladas en estos territorios. Además ninguna empresa de las empresas analizadas presenta de manera desglosada los impuestos que pagan y las subvenciones que reciben en cada uno de los países en los que operan. Estas son algunas de las conclusiones recogidas en la octava edición del estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35” correspondiente a 2010 y realizada por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa.

El informe presentado hoy afirma que durante 2010, el 86% de las compañías que forman parte del IBEX 35 poseen empresas participadas en territorios considerados como paraísos fiscales, lo que supone un incremento del 4% con respecto al ejercicio anterior. Esto se produce en un contexto en el que los ciudadanos sufren ya duros recortes en salarios y prestaciones sociales encaminados a reducir el déficit público y en el que los hogares españoles aportaban a hacienda una proporción mayor de sus ganancias que las empresas en su conjunto (un 11,5% frente a un 9,9% respectivamente).

“En un contexto de gran desconfianza por parte de la ciudadanía sobre la eficacia de las medidas adoptadas para atajar esta crisis económica es imperativo que distintos actores de la sociedad, pero en especial las administraciones públicas y supervisores, recapaciten sobre la necesidad de repensar y reformular los sistemas de transparencia. Ésta no se puede seguir dejando al albur de los actores, porque hemos visto cómo la opacidad ha sido un caldo de cultivo perfecto para comportamientos ilegítimos, irresponsables e ilegales por parte de distintos actores empresariales e institucionales”, afirma Orencio Vázquez, responsable del observatorio de la RSE.


Cláusulas de blindaje

En 2010, el 85% de las empresas analizadas declaran tener cláusulas de blindaje para miembros de sus órganos ejecutivos y de administración. En general se observa un aumento del número de organizaciones que aportan información sobre la estas medidas. Según los datos publicados en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de las compañías del Ibex 35 publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un total de 31 empresas, dos más que en 2009, cuentan con cláusulas de blindaje, que benefician a 251miembros de la alta dirección (256 en 2009), para un total de 513 directivos en todas las empresas que configuran la muestra en 2010.

Estos datos revelan que casi la mitad (un 49%) de los miembros de la alta dirección de las empresas del IBEX35 cuentan con este tipo de medidas proteccionistas de las que un total de 20 las vieron ejecutadas durante el ejercicio 2010.

“Lo que antes se destacaba como una preocupación por parte de los reguladores se manifiesta ya como casos evidentes de desequilibrio salarial que se produce en las grandes compañías. Esto es especialmente grave en la actual situación de agudas crisis, que coloca en ocasiones a algunas empresas en situaciones de pérdidas financieras, expedientes de regulación de empleo sobre los trabajadores, mientras que la alta dirección sigue decidiendo y disfrutando de sistemas y mecanismos de retribución que les son muy favorables” afirma Vázquez. Por ello la FED, el equivalente americano a la CNMV, ha informado sobre su intención de incorporar en la regulación, la propuesta “say on pay”, que permita la aprobación por parte de los accionistas de este tipo de decisiones de las empresas, señalando el camino que deberían seguir la empresas, así como los organismos supervisores sobre gobierno corporativo para hacer más eficaz su papel.

Agujero ‘negro’ digital

Otra variable añadida es el riesgo y a la vez la oportunidad que supone el crecimiento del comercio electrónico. Así ya se habla del “agujero” que las tiendas online de algunas empresas están creando en el volumen de recaudación de impuestos de algunos estados, debido a la ubicación de las sociedades encargadas de la facturación de estas tiendas en países considerados paraísos fiscales y a la falta de desarrollo normativo y regulador que de respuesta a esta nueva realidad. Esto provoca, por una parte, un impacto negativo en el volumen de impuestos recaudado a través del impuesto sobre sociedades, así como sobre el IVA.

Este conjunto de estrategias financieras por una parte se traduce en un comportamiento irresponsable por parte de la empresa, al no colaborar proporcional a su beneficio mediante el pago de impuestos, no aportando justamente a los recursos públicos necesarios para el desarrollo de políticas públicas eficaces, y por consiguiente, al desarrollo social de las comunidades y el ejercicio de derechos y oportunidades de las personas en las que tienen lugar su actividades. Por otro lado este tipo de estrategias fiscales pueden llevar a situaciones competencia desleal frente a productos similares al no verse repercutido el impuesto sobre el precio final que paga el consumidor, y sobre el derecho a saber del mismo al conocer este hecho, y poder considerar este criterio en su decisión de compra.

Medioambiente y sociedad

En lo que a información medioambiental se refiere, las empresas del Ibex 35 ofrecen datos incompletos sobre los impactos que sus negocios provocan en el medio ambiente, obviando cuestiones importantes como la localización, las líneas de negocio o los tipos de impacto. De hecho, únicamente han sido tres empresas las que han reportado de forma relevante sobre esta cuestión.

Pese a la importancia teórica de la sostenibilidad en dichas compañías, la información sobre multas por incumplimientos medioambientales se estanca. Y menos de la cuarta parte, en concreto un 23%, menciona medidas de control en sobre desempeño medioambiental en la cadena de valor. Esto es, se puede exigir a los proveedores certificaciones como ISO 14001, pero no existe constancia de ningún tipo de medida de control o contrato extinguido por impactos ambientales importantes.

El contenido social que ofrecen las empresas del Ibex 35 en sus memorias de sostenibilidad resulta insuficiente. Aunque se han realizado algunos avances en cuanto a políticas y procedimientos contra la discriminación, como por ejemplo, la multiplicación por dos del número de empresas que cumplen con este indicador, los mecanismos de medición y control siguen pareciendo confusos. La adopción de estas políticas y la información sobre ellas, aparte del cumplimiento de la legislación española a este respecto (como la Ley de la Igualdad o la LISMI), debería extrapolarse a todos los países en los que operan las compañías.

Aparte de la igualdad y la discapacidad, se echa en falta información acerca de una gestión de la diversidad multidisciplinar atendiendo a factores como la edad, la etnia, la situación familiar, la orientación sexual, la religión y la cultura, especialmente en el actual contexto globalizado en el que se desarrollan las sociedades.