"El empleo público (para discapacitados), aunque positivo, pierde efectividad si aparece como una experiencia aislada"

Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social de España
Nathalie Domínguez / Madrid- 27/06/2011


En un entorno de crisis laboral y financiera, el desempleo juvenil y, en concreto, el de las personas con discapacidad se ha agudizado notablemente. Pero, ¿Cómo podemos frenar esta situación? Marcos Peña nos presenta algunas claves. Para el presidente del CES el primer paso para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad comienza por "agotar las posibilidades de actuar en el terreno educativo, y también poner en valor el potencial laboral de los trabajadores con discapacidad, para favorecer su inserción en el ámbito laboral común".



Aludiendo a la conferencia sobre “Desempleo juvenil” del pasado lunes 6 de junio, ¿Cree que los objetivos establecidos en la estrategia de la UE 2020, como el aumentar en un 75% la tasa de empleo, y de reducción de la pobreza en 20 millones de personas son factibles en este entorno de crisis económica?

Es cierto que desde la actual situación de crisis, los objetivos 2020 parecen muy lejanos, pero alcanzarlos dependerá de cómo evolucione el crecimiento económico y, especialmente, de que este crecimiento se oriente al empleo. Y en la perspectiva europea, esto dependerá de varios factores. El primero, de que la UE actúe como una auténtica entidad económica, lo que a su vez depende de que adquiera una entidad política, de la que, a la vista del comportamiento ante la crisis, parece estamos lejanos. Dependerá también del equilibrio entre las medidas de consolidación fiscal y presupuestaria y las medidas de recuperación económica. Las primeras son sin duda necesarias, porque el déficit público hipoteca la actividad económica, pero también condicionan el crecimiento económico, en la medida en la que el gasto público ayuda a este crecimiento. Y dependerá también de las acciones para el empleo que desarrollen los Gobiernos, los agentes sociales y las instituciones europeas. Se habla de reformas del mercado de trabajo, y sin duda hay que apoyar las reformas que favorezcan la productividad y el empleo, pero se debería hablar más de reformas para el mercado de trabajo, en terrenos como la formación o la I+D+i, que complementan y hacen efectivas las reformas en el terreno estrictamente laboral.


¿Qué diferencias encuentra entre la juventud española y la europea para que el 40% esté desempleada? ¿Se encuentran dichas diferencias en la forma de gestionar la economía, la educación y la cultura del país, o son otros los factores?

Las tasas de paro juvenil en Europa duplican, como lo hace la española, la tasa de desempleo general. Y si esto ya es preocupante en épocas de crisis, lo es más si recordamos que este comportamiento también se produce en las situaciones económicas buenas, porque da idea de problemas estructurales para la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. El problema es que España parte de unas tasas de desempleo generales que son mucho más elevadas que la media europea. Esto se relaciona con el ajuste del empleo en un sector como la construcción, que ocupaba un espacio en nuestro modelo productivo sensiblemente superior al de otros países europeos. Y se relaciona también de forma específica en el caso de los jóvenes con problemas de adecuación entre las titulaciones y niveles formativos procedentes del sistema educativo y las demandas de profesionales desde el ámbito empresarial, así como con unos niveles muy altos de abandono escolar. Y el abandono escolar, a su vez, guarda relación con el modelo productivo, en la medida en que actividades económicas de bajo valor añadido y con bajos requerimientos de cualificación atraen a los jóvenes al mercado de trabajo, aunque para insertarse en él de forma inestable.


La participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral es fundamental para disminuir la tasa de desempleo en Europa (y en España), tal y como establece la estrategia 2020 de la UE, pero ¿de qué modo podemos promover la contratación de este colectivo para que se cumplan con las expectativas?

Como se sabe, la promoción del empleo de las personas con discapacidad se desarrolla en dos terrenos fundamentales, el de favorecer la inserción de las personas con discapacidad en lo que podríamos llamar el mercado laboral común, a través de incentivos económicos, formación profesional..., y el de la generación de espacios de actividad económica y laboral específicos para estas personas, con la figura ya tradicional de los Centros Especiales de Empleo y la más nueva de los Enclaves Laborales.

En todos estos terrenos hay que seguir actuando, porque las características específicas de colectivos como las personas con discapacidad justifican políticas de empleo específicas. Pero para que estas políticas sean más efectivos habría que reforzar lo que podríamos llamar la transversalidad de las políticas, de manera que todas aquellas con incidencia en la situación de las personas con discapacidad (educativas, laborales, de movilidad...) valorasen cómo podrían ser más eficaces respecto de este colectivo. Y la consecuencia lógica de este análisis transversal sería la cooperación entre estas políticas, orientada a mejorar el empleo, y la coordinación entre las Administraciones que gestionan tales políticas, con esta misma orientación. Específicamente habría que recordar la importancia del pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, procurando evitar la excesiva deriva hacia las prestaciones económicas, en detrimento de las de servicios, que se aprecia en los últimos años.

Y, dando un paso más, habría que pensar en como establecer “pasarelas” entre los dos grandes ámbitos de las medidas de favorecimiento del empleo de las personas con discapacidad, el del empleo “especial” y el del empleo “común” facilitando transiciones y comunicaciones entre ellos. En la medida en que las características de algunos tipos de discapacidad pueden hacer poco viable la plena integración en el ámbito laboral común, será necesario mantener las medidas específicas. Pero también habrá que agotar las posibilidades de actuar en el terreno educativo, y también poner en valor el potencial laboral de los trabajadores con discapacidad, para favorecer su inserción en el ámbito laboral común.


La crisis ha golpeado al mercado laboral, pese a las políticas existentes sobre RSC en las empresas y los beneficios que obtienen las compañías integrando en su personal a discapacidatos, ¿diría que las personas con discapacidad son víctimas potenciales de la crisis?

Los datos de la evolución del empleo y el desempleo de las personas con discapacidad a lo largo de la crisis muestran unos resultados algo más positivos que los generales. Sin duda que la situación en el empleo de las personas con discapacidad se ha visto agravada con la crisis, y que esta situación era de entrada peor, con respecto a la general, en términos de actividad y de empleo. Pero, la concentración de la pérdida de empleo en sectores como la construcción, con muy baja presencia de las personas con discapacidad, y la mayor presencia de estas personas en el sector servicios, menos dañado por la crisis, han llevado a que se pueda decir que, dentro de una mala situación, el comportamiento del empleo de las personas con discapacidad durante la crisis ha sido algo mejor que el comportamiento general. La caída del empleo ha sido algo menor y la discreta recuperación de 2011 ha tenido mayor dinamismo para las personas con discapacidad.


La movilidad de trabajadores en la UE es una oportunidad para los ciudadanos comunitarios ¿cree que las personas con discapacidad están apartados de estos beneficios?

Como se apuntó anteriormente, la política de movilidad es una típica política general que adquiere especial relieve en el caso de las personas con discapacidad. Conviene recordar que la movilidad es el primer problema de las personas con discapacidad: afecta a un 67% del colectivo, cuando los problemas auditivos o visuales inciden en el 25% de las personas con discapacidad, y los relativos al aprendizaje profesional al 15%. Las barreras a la movilidad, junto a los estereotipos sobre la capacidad laboral de las personas con discapacidad son dos de los obstáculos más importantes para la igualdad efectiva para estas personas.


Según el informe Olivenza 2010, del Observatorio Estatal de la Discapacidad, el 84% de las personas con discapacidad con 25 o más años no supera la Enseñanza Secundaria Obligatoria (únicamente 198.600 personas con discapacidad –un 8,6%- cuentan con estudios universitarios o equivalentes). ¿Cree que la estrategia UE2020 establece los mecanismos necesarios para reducir el abandono escolar en este colectivo?

Vuelvo a remitirme a lo que antes comenté respecto al papel clave para el empleo de las políticas educativas. La Estrategia 2020 identifica correctamente el problema del abandono escolar, y también las medidas para paliarlo. Lo que ocurre es que son medidas que deben ir más allá de las mejoras, de por sí difíciles, del sistema educativo, porque, como se dijo, este es un problema que se guarda relación también, más en general, con las características del sistema productivo.


Promover la formación superior en las personas con discapacidad, ¿reduciría la precariedad laboral entre este colectivo o considera que los prejuicios siguen siendo la principal causa de esta situación (independientemente de que hayan realizado estudios universitarios)?

La relación entre mejoras del nivel formativo y empleabilidad de los trabajadores es clara, con carácter general y para las personas con discapacidad. Pero, efectivamente, la persistencia de los estereotipos en torno a la baja productividad de estos trabajadores puede frustrar de manera importante la utilización de las capacidades obtenidas en el sistema educativo. Por eso es muy importante la difusión de las buenas prácticas de las que ya se va contando con ejemplos en el mundo empresarial.


La crisis ha agudizado la inseguridad en el sector de las pymes (destrucción de empleos, falta de créditos y fondos para mantener o crear un negocio…). Bajo este panorama ¿cómo prover el autoempleo entre las personas con discapacidad?

En el caso del autoempleo, se trataría, otra vez, de orientar políticas generales (crediticias, de formación...) teniendo en cuenta la perspectiva específica de los problemas de las personas con discapacidad. Y esto cobra especial relieve si se piensa en el papel que pueden desempeñar estas personas en un sector como los servicios que se identifica como uno de los sectores que pueden tener mayor dinamismo en la actividad económica.


¿Hasta qué punto la implantación de políticas de contratación pública responsable puede ser un dinamizador del empleo de las personas con discapacidad?

Probablemente, el empleo de las personas con discapacidad sea uno de los ejemplos más relevantes de las acciones de responsabilidad social de las empresas, porque se trata, en definitiva, de acciones dirigidas a valorar la capacidad de incidencia positiva de las empresas en su entorno social, concretamente en el ámbito de la igualdad efectiva. Y una proyección de estas fórmulas estaría sin duda en el terreno de la contratación pública. Pero convendría tener presente, en todo caso, que los avances en el ámbito público, aunque positivos en sí mismos, perderían efectividad si aparecen como experiencias aisladas o peculiaridades del sector público, y no como aspectos concretos de unos planteamientos más generales de puesta en valor de las posibilidades laborales de los trabajadores con discapacidad.


¿Sigue siendo el Fondo Social Europeo el principal elemento para fomentar políticas de integración e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad? ¿Qué papel juegan en España y en Europa las entidades receptoras de dichos fondos? ¿Diría que las actuaciones de dichas organizaciones han sido la base para el posterior desarrollo de políticas específicas en el ámbito estatal y comunitario?

El papel del Fondo Social Europeo en el ámbito de la integración de las personas con discapacidad es sin duda una buena práctica de cómo promover desde el ámbito europeo acciones a nivel de Estado que respondan a criterios establecidos con carácter general a escala europea. Y un mérito específico que hay que atribuir al FSE es, precisamente, el haber puesto de relieve como se pueden desarrollar políticas públicas de apoyo a la igualdad efectiva a las personas con discapacidad.


¿Añadiría más políticas para reforzar la situación actual de la discapacidad o considera que disponemos de una buena legislación?

Creo que el marco legislativo, con las actualizaciones o mejoras que puedan ser necesarias, contiene ya orientaciones y medidas de un nivel suficiente para favorecer el empleo y la igualdad de las personas con discapacidad. Me gustaría recordar, por ejemplo, la valoración positiva que el CES ha hecho recientemente de los Anteproyectos de Ley integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación y de adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como dije anteriormente, de lo que se trataría ahora sería de favorecer la cooperación entre políticas y la coordinación entre administraciones, y también de proporcionar mayor visibilidad a las buenas prácticas que sirven para eliminar los estereotipos que frenan la efectividad de muchas medidas correctamente orientadas.