Sin diferencias, solo trabajadores

Cogami contabiliza 424 empleados con minusvalías en activo en la ciudad de Pontevedra


En la sociedad hay espacio para todos. En la empresa, también. Aún así las personas con algún tipo de minusvalía física o intelectual constatan, cada día u ocasionalmente, que los prejuicios se mantienen en plenas facultades pese a las campañas de concienciación promovidas por las administraciones y los beneficios fiscales a los que acogen las firmas con estos trabajadores en plantilla. Persisten, aunque en retirada, estereotipos que identifican las minusvalías con una silla de ruedas, el absentismo laboral o con problemas para relacionarse con el entorno.
B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA Una profesora parapléjica, un reponedor de supermercado con discapacidad intelectual, un bedel con escoliosis o una teleoperadora ciega. ¿Qué tienen en común? Son pontevedreses cuya minusvalía ha condicionado, que no hipotecado, su vida y que al igual que el resto de las trabajadores en activo de la ciudad están preocupados por su estabilidad laboral.
Desde la Coordinadora Galega de Personas con Discapacidade (Cogami) se trabaja por la completa integración de este colectivo lo que necesariamente pasa por la inserción laboral. En este sentido Cogami actúa como entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo, canalizando ofertas laborales, abriendo mediante convenios, "nichos" de empleo y tutelando la incorporación al trabajo de los discapacitados, sobre todo intelectuales. Además oferta cursos de formación y actualización profesional y tiene su propio Grupo de Economía Social. Es una tarea ardua en tanto en cuanto en Galicia sufren algún tipo de minusvalía unas 200.000 personas, alrededor del 10% de la población.
A pesar de lo "complejo" que resulta para una persona con discapacidad el acceso al empleo, agravado como el contexto general por la crisis, Cogami tiene constancia de, al menos, una nómina de 424 trabajadores minusválidos en el Concello de Pontevedra, un municipio en el que fueron entrevistados a lo largo del año, por su Servicio de Intermediación Laboral (SIL), 804 personas.
Son hombres y mujeres que desarrollan su labor profesional mayoritariamente en empresas y entidades privadas que en un ejercicio de responsabilidad social (sin olvidar las ayudas y bonificaciones que reciben) abren las puertas a estos trabajadores.
También la administración tiene las puertas abiertas a las personas con discapacidad que o bien optan a las ofertas de empleo público generales o lo hacen a través de la cuota reservada por ley para ellos: el 7 por ciento de las plazas ofertadas, desde diciembre de 2010. De este total al menos un 2 por ciento de los puestos deben ser ocupados por personas con discapacidad intelectual, los que tienen mayor problema para encajar en el mercado laboral