La economía social agrupa a 45.000 empresas que al año facturan casi el 10% del PIB. Da empleo a 2,3 millones de trabajadores, el 15% del total.

Día 08/01/2012

En épocas de incertidumbre, todo el mundo duda, y confía su futuro a obsesiones e incluso a milagros. Es algo repetido a lo largo de la historia y que vivimos intensamente desde hace más de tres años en casi todo el mundo. España no se ha librado y atraviesa una de las peores crisis de su historia, que está provocando un derrumbe del empleo y que un número creciente de ciudadanos se enfrente a situaciones personales muy angustiosas.

Frente a esta grave depresión, es necesario fomentar el desarrollo de soluciones alternativas a los problemas económicos y sociales, que generen puestos de trabajo y preserven los sistemas de protección social. Una opción, que ya ha demostrado su buen comportamiento tanto en tiempos de crisis como de bonanza es la economía social.

No sólo importan las máquinas y las variables economicista, importan las relaciones de y entre los agentes sociales y, sobre todo, importa anteponer a las personas, base de las organizaciones. Así son este tipo de empresas, en las que prima el valor de la persona y la confianza sobre el capital, lo que les lleva a actuar con gran responsabilidad social y también con eficiencia y resultados positivos

Los datos son rotundos: la economía social agrupa ya 45.000 empresas, con una facturación anual de 90.000 millones de euros (casi el 10 por ciento del PIB) y empleo para 2,3 millones de trabajadores (15 por ciento del total estatal).

Se constituye por tanto en una vía distinta, en algunos casos alternativa, muy eficiente y con gran calado social, si se compara con la economía puramente financiera: es otra forma de emprender, de crear riqueza y empleo, basada en valores humanos.

En sus prácticas prevalecen, sobre otros, los criterios de mantenimiento del empleo, fomento de igualdad de oportunidades, apoyo al desarrollo y cohesión social. Es una economía que busca soluciones a problemas de empleo local, fomenta el autoempleo y ayuda a arraigar la población (jóvenes, mujeres, mayores, personas con discapacidad, etc.) en todos los territorios, evitando el éxodo rural.

Esta economía alternativa recibió en 2011 el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que aprobaron en las Cortes la Ley de Economía Social, necesaria para garantizar cobertura legal y mejorar la visibilidad y representatividad ante las administraciones. En definitiva, un «carné de identidad» del que antes carecían y que se constituye además en la primera ley en el mundo de estas características, situando a España a la vanguardia.

La sociedad debe conocer que existe este tipo de economía alternativa que, sumada al imprescindible papel de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas —que representan más del 90 por ciento del empleo nacional—, configura un sólido bloque de soluciones diferentes y complementarias a las tradicionales que, adecuadamente coordinadas y trabajando en cooperación, pueden constituir una fuente de nuevas salidas a los actuales problemas sociales y de empleo.

Su presencia debe ser, por tanto, tan representativa como la de los sindicatos y los empresarios y se debe trabajar cohesionadamente para que su voz unitaria se escuche y se tenga en cuenta allí donde se toman las decisiones relevantes, de manera que su capacidad constructiva materialice nuevas soluciones.

Por todo ello, si la economía social es una dimensión socioempresarial de la sociedad civil organizada, el escenario debía completarse con el nacimiento del Tercer Sector, una nueva entidad global con espíritu de plataforma representativa, que se erige en voz unitaria de las organizaciones sociales y que representa y defiende los fines de interés general y las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, así como los planteamientos y soluciones comunes a los problemas trasversales de estas organizaciones.

En Tercer Sector están presentes la Plataforma de ONG de Acción Social; la del Voluntariado; la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Español (EAPN); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Cruz Roja Española; Cáritas y la ONCE.

Esta amplísima representación de la sociedad civil, con una voz unida y fuerte, tratará de atender las reivindicaciones de las necesidades más sociales, las de aquéllos que más lo necesitan. La solidez de este foro, de esta nueva plataforma, muestra el camino sobre el que se pueden construir los pilares del futuro modelo social y productivo a nivel estatal y también europeo. Es un precedente para todos los sectores económicos y sociales y una realidad que deberán tener en cuenta los nuevos responsables del Gobierno de España. Como aboga el mensaje social de la ONCE: «Piensa en todo lo que podemos hacer juntos».

MIGUEL CARBALLEDA ES PRESIDENTE DE LA ONCE