Asimetrías en el Desarrollo Humano y Social (2007 / 2010-2011)

Progresos económicos en un contexto de vulnerabilidad persistente






EL PAÍS REAL EN EL SEGUNDO AÑO DEL BICENTENARIO.

Agustín Salvia

Durante el segundo año del Bicentenario argentino (2010-2016) tuvo lugar una rápida recuperación del terreno perdido en materia económica después de los embates de la crisis internacional de 2009 y 2010. En este marco, la comparación con el año 2007 brinda un adecuado punto de referencia para evaluar el impacto de estos procesos en materia de desarrollo social, es decir, sobre el nivel de vida de la población, las capacidades de florecimiento humano y las desigualdades sociales. Según la mayor parte de los especialistas, el año 2007 fue el mejor momento del modelo político-económico post-devaluación a lo largo de la primera década del siglo XXI. Esto hace que dicho año se constituya en un parámetro ideal a partir del cual evaluar los eventuales logros o retrocesos alcanzados durante los dos primero años del Bicentenario argentino 2010-2011.

Son bien conocidos los avances que se han hecho durante la última década en la ampliación de los derechos sociales, sobre todo debido a la adopción de marcos legales más inclusivos, el importante crecimiento que experimentó la economía, la extensión de la asistencia pública y el mayor esfuerzo laboral emprendido por los hogares particulares en función de aprovechar las nuevas oportunidades de movilidad social. Sin embargo, también es evidente que la marginalidad económica, la pobreza estructural, la segregación social, el subempleo indigente y el desacuerdo político-institucional continúan siendo debilidades de una sociedad que crece, consume y progresa pero que no garantiza un sendero de desarrollo integral.

Sin necesidad de recurrir a estadísticas sociales, sobran los testimonios que remarcan las innumerables penurias humanas que terminan finalmente estallando en el escenario social; al mismo tiempo que los problemas estructurales de exclusión social son negados u ocultados por los discursos oficiales, postergando su resolución y concentrando esfuerzos en medidas de alta exposición pero de escasa efectividad. De ahí que a pesar de las mejoras alcanzadas durante casi una década de continuado y extraordinario crecimiento socioeconómico, incluido el período 2010-2011 que aquí se analiza de manera especial, aún queda mucho por hacer en materia de desarrollo humano, integración social, justicia social y en el perfeccionamiento del sistema democrático para el alcance de una ciudadanía plena en derechos para todos.

En este sentido, qué mejor desafío para las ciencias sociales que radicalizar su capacidad de análisis con el objetivo de ofrecerle a la sociedad una mirada más objetiva y confiable –por muy cruda que ella pueda ser- del “país real”, así como también del grado de cumplimiento de sus derechos y de los posibles horizontes alternativos. Tal como se mencionara en el informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie del Bicentenario (2010-2016), Año I (Salvia, Adaszko, Donza, et al, 2011b), este período requiere de un esfuerzo especial de investigación académica capaz de poner luces sobre las sombras que empañan la mirada, la conciencia y la acción colectiva.

Por lo tanto, el objetivo principal de este informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina Año II, continúa siendo instalar en la agenda pública el reclamo por la “deuda social” existente. Mucho más cuando los agentes económicos, el gobierno y el conjunto social parecen festejar alrededor de los buenos resultados que arrojan hasta el momento los indicadores de actividad, consumo y riqueza. Pero ello no es posible hacerlo de cualquier manera. La investigación académica tiene reglas de inferencia no arbitrarias que forman parte de una ética y de un encuadre teórico-metodológico a través del cual resulta interpretable la información elaborada; de allí que el trabajo de investigación social tenga la obligación de transparentar los fines, objetivos y procedimientos que acompañan su desarrollo con el fin de someterse al control y la vigilancia académica.

En este marco, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en tanto centro universitario de investigación, extensión y formación de recursos humanos, procura hacer un aporte a la necesaria tarea de forjar un diagnóstico más realista del estado en que se encuentra el desarrollo humano y social de la sociedad argentina contemporánea y su evolución reciente. Ahora bien, no pocas veces los científicos sociales deben enfrentarse a los dispositivos discursivos montados por los actores dominantes. En general, cuando los hallazgos contradicen las verdades dictaminadas por los informes oficiales, sus emisores –sean del campo de la política, la economía o la cultura- suelen sentirse injustamente desacreditados, creyendo de manera errónea que la crítica los tiene a ellos como objeto, sin poder discriminar que la labor de investigación va dirigida al estudio de los hechos. De ahí que, lamentablemente, no pocas veces los poderes aludidos procedan a ignorar o descalificar el conocimiento generado, o incluso, intenten coartar o limitar las labores de quienes realizan investigación; antes que reflexionar, aprender y aprovechar los descubrimientos alcanzados.

Es por lo tanto muy importante para el Observatorio de la Deuda Social Argentina hacer explícito, una vez más, que el objetivo de nuestras investigaciones no es juzgar, criticar o halagar a dirigente, político o funcionario alguno, ni siquiera evaluar su desempeño. Nuestra misión es otra, mucho más compleja, a la vez que no menos comprometida con la sociedad que tenemos y con la que soñamos: dar cuenta de las injustas deudas sociales que frenan o violentan los procesos de inclusión, desarrollo e integración humana y social en nuestro país. En tal sentido, el período del Bicentenario 2010-2016 constituye una oportunidad histórica, por demás convocante, para renovar esta responsabilidad y potenciar la labor de investigación científica entorno al fin propuesto.

Expuestas de esta manera nuestras intenciones, queda desarrollar en esta introducción, los supuestos teóricos, argumentos y paradigmas que orientan las investigaciones que lleva a cabo el Observatorio de la Deuda Social Argentina y que organizan y dan sentido a los resultados que se presentan en este libro.



ANTECEDENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Una corriente importante en los actuales estudios sobre el desarrollo social se orienta hacia una representación del progreso humano asociado al concepto de “calidad de vida” en un sentido amplio. No obstante, dicha perspectiva superadora de los enfoques economicistas resulta incluso insuficiente cuando se asume que el desarrollo social es parte de un proceso histórico, el cual a su vez, no se puede separar del contexto socio-económico-cultural-político-ambiental constitutivo de cada sociedad.

En este sentido, se afirma que la pobreza económica impone una imagen parcial, cuando no distorsionada, del grado de satisfacción de las necesidades humanas; la cual se hace insostenible con la introducción de la expectativa del desarrollo integral de las capacidades humanas y sociales.

Desde esta perspectiva, el programa Observatorio de la Deuda Social Argentina define la “Deuda Social” como un conjunto de privaciones económicas, sociales, políticas, psicosociales y culturales que recortan, frustran o limitan el desarrollo de las capacidades humanas y de integración social de los individuos en una sociedad. De tal manera, los trabajos tanto teóricos como metodológicos realizados en el programa de investigación han apuntado a evaluar más integralmente las condiciones habitacionales, la situación ocupacional, la salud de la población, los componentes psicosociales del bienestar subjetivo así como la cultura democrática e integración ciudadana, con miras a determinar las actuales condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión que se hacen presentes en las ciudades argentinas.

Asimismo, con el propósito de abordar la evaluación más integral del proceso de desarrollo humano y social en la Argentina, el Observatorio se ha apoyado en tres antecedentes básicos: a) los enfoques interdisciplinarios sobre el desarrollo humano; b) las teorías sobre las estructuraciones socio-económicas; y c) el enfoque normativo que introduce a la evaluación del desarrollo una perspectiva de derechos. En este apartado cabe presentar de manera resumida los argumentos más importantes que han permitido organizar estos antecedentes en un marco teórico integrado.



Las teorías del desarrollo humano

En primer lugar, corresponde hacer mención al enfoque del desarrollo humano, el cual caracteriza al progreso civilizatorio como un proceso en donde el principal objetivo es el desarrollo integral de las “capacidades humanas” en un contexto socio-ambiental sustentable, en el cual, la equidad social constituya su principal condición necesaria aunque no es del todo suficiente. Según esta perspectiva, el propósito principal del desarrollo es ampliar la calidad de vida de las personas y crear un entorno que les permita gozar de una vida larga, saludable y creativa.

Esta mirada busca así enfatizar los problemas asociados a la imposibilidad de realizar los potenciales humanos y, a diferencia de las economicistas, considera que el progreso económico –aunque imprescindible para el logro de una buena calidad de vida- tiene un carácter meramente instrumental. Es decir, constituye una herramienta para la expansión de las capacidades humanas, sociales y ambientales, antes que una meta en sí misma. Ello pone en el centro de las preocupaciones político-económicas, la calidad de vida además del modo en que se logra o concreta en cada contexto histórico.

Según este marco teórico, el bienestar puede ser definido como la efectiva posibilidad de cada individuo de participar y contribuir activamente en el desarrollo personal y social, existiendo como condiciones necesarias para ello, aunque no son exclusivas, la salud físico-mental y la autonomía personal. Asimismo, cabe precisar que el fracaso en las capacidades relacionales puede entrañar, según Sen (2000), dos modalidades de discriminación / exclusión diferentes: por un lado, la desigualdad por exclusión, la cual es derivada de la ausencia de participación en las esferas sociales relevantes; y por el otro, las modalidades de desigualdad por inclusión desfavorable, que estén ligadas a aquellas situaciones en donde la privación se origina por las condiciones adversas para realizar una participación efectiva.

La principal dificultad que inviste la tarea de dar contenido preciso al significado de desarrollo humano-social, como opuesto a los de pobreza humana y degradación socio-ambiental, es lograr una identificación de sus funcionamientos o satisfactores económicos-sociales-culturales constitutivos a nivel general y en cada contexto histórico particular.

Al respecto, cabe señalar que es un error habitual confundir lo que son propiamente las necesidades con sus respectivos satisfactores. De acuerdo con Max-Neff (1995), resulta imprescindible hacer una distinción de ambos conceptos por motivos tanto epistemológicos como metodológicos. Según el autor, un determinado satisfactor puede contribuir simultáneamente al ejercicio de diferentes funcionamientos o a la satisfacción de diversas necesidades, al contrario, una necesidad particular puede requerir de diversos satisfactores para ser cubierta. En tal sentido, no sólo no existiría identidad entre necesidades y satisfactores, sino que tampoco habría una correspondencia entre ambos recortes de la vida humana en un espacio histórico dado. Estas mismas relaciones pueden variar según el contexto histórico-ambiental, socio-cultural y psicosocial a partir del cual se materializan y toman sentido tanto las necesidades como los funcionamientos o satisfactores humanos.

Siguiendo este enfoque, cada sistema socio-cultural adopta estilos/modos particulares para satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Lo que está socialmente determinado no son las necesidades humanas sino los satisfactores utilizados. Un cambio de paradigma socio-cultural implica, entre otras cosas, abandonar los satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos que parecen ser más eficaces en su propósito.

A diferencia de los enfoques tradicionales, centrados en el análisis de los ingresos o en la evaluación de los bienes económicos primarios, esta perspectiva del desarrollo humano y social pone su atención en un espacio de evaluación distinto, que es, precisamente, el espacio de las capacidades para lograr funcionamientos “humanos” y “sociales” valiosos.

En la medida que se despliegue una mirada más amplia de la dimensión social-humana, se podrá distinguir las necesidades, los satisfactores y los recursos afectados por la privación económica directa, de aquellos otros, a veces más valiosos para las personas y los pueblos, que derivan de las necesidades emocionales, sociales, colectivas, políticas e incluso, espirituales. Ello implica que para no ser pobres las personas deben poder tener acceso a porciones adecuadas de satisfactores primarios, materiales y simbólicos que hagan posible el ejercicio de aquellos funcionamientos que permitan el desarrollo de sus capacidades humanas y de integración social.

Desde esta perspectiva, los bienes materiales no son los únicos satisfactores de las necesidades humanas; por lo cual, reducir el campo de las potenciales privaciones a solamente las condiciones económicas, obstaculiza el conocimiento de los problemas, y en consecuencia, sesga el reconocimiento de las necesidades vitales y los derechos sociales exigibles por las sociedades. Ahora bien, la definición del listado de funcionamientos/satisfactores que deben ser objeto de evaluación social no es arbitraria. Pues su fijación requiere la introducción de marcos teóricos, los cuales deben estar respaldados por orientaciones socio-culturales y el conocimiento científico que se tiene del mundo y la vida humana.



La estructuración de lo social

En segundo lugar, el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina se ha nutrido también de una serie de reglas de interpretación surgidas de las teorías estructuralistas en ciencias sociales. En este sentido, se sostiene que los problemas de inclusión social se expresan esencialmente a través de la forma en que las sociedades modelan, producen y reproducen las estructuras básicas de la reproducción social en el campo económico, político, social y cultural. En cada uno de estos campos hay relaciones de fuerza que gestan las condiciones generales que hacen posible tanto la integración como la exclusión social. La descripción de estas condiciones y el reconocimiento de los mecanismos que las hacen posibles, surgen como piezas claves a tener en cuenta para cualquier política orientada a superar las desigualdades sociales.

Esto quiere decir que no alcanza con que algunas personas de manera individual logren potenciar sus capacidades individuales, si al mismo tiempo no está acompañado de un desarrollo en las capacidades sistémicas de generación, distribución y reproducción intergeneracional de fuentes “sustentables” de inclusión social. De este modo, se suma a las metas del desarrollo humano en materia de bienestar y de libertades personales, el principio básico de la “igualdad de resultados” en un nivel básico para el conjunto social. Por lo tanto, no es suficiente con que una sociedad logre que sus miembros desplieguen funcionamientos valiosos para algunos o muchos de sus miembros, pues se requiere que al menos un “mínimo” de dichos mecanismos sea garantizado para el conjunto social en general.

El modo social en que tales logros se hacen posibles, a la vez que otros emergen como necesarios, son aspectos también primordiales. Es decir, contrario al enfoque del bienestar individual, cada persona es el agente de su propio cambio, es fundamental que el sistema social garantice una adecuada integración del conjunto de los sectores sociales, a partir del cual las personas puedan decidir, acordar y protagonizar las acciones necesarias para hacer posible el progreso humano en condiciones de equidad social sin temor a sufrir represalias por ello. Una sociedad en constante desarrollo humano será entonces, aquella en la que existe un equilibrio distributivo entre los recursos disponibles, los capitales físicos, las metas culturales, la estructura de oportunidades personales y la formación de capacidades necesarias –científicas, tecnológicas, políticas e institucionales- para lograr una mayor calidad de vida e integración social de todos sus miembros.

Dicho de otro modo, el desarrollo humano –desde un enfoque estructuralista- no se expresa en el nivel promedio de bienestar individual que puede alcanzar una sociedad, sino en el modo en que se generan y se distribuyen las oportunidades de desarrollo humano e integración social a nivel de toda la sociedad, siendo imprescindible asegurar un mínimo necesario para todos las personas. Ahora bien, los funcionamientos humanos valiosos en un contexto de desarrollo sustentable pueden desplegarse conforme a diferentes satisfactores, por lo cual, queda pendiente determinar cuáles serían ellos. Al respecto, la perspectiva de derechos ofrece un marco socialmente legitimado para formular los parámetros generales, funcionamientos particulares y umbrales mínimos necesarios para evaluar el desarrollo humano de una sociedad.



La perspectiva de derechos

En el marco de los argumentos expuestos, cabe preguntarse: ¿cuáles son los funcionamientos y los satisfactores humanos básicos que se podrían considerar como mínimos, dado un tiempo histórico y una sociedad determinada, a partir de los cuales es posible identificar a la población que no puede desarrollar sus capacidades humanas y, por lo tanto, satisfacer sus necesidades básicas?

Es evidente que desde la perspectiva asumida por el programa de investigación, las capacidades humanas surgen de necesidades básicas universales, por lo cual un examen sobre su ejercicio o cumplimiento efectivo no puede ser relativo a las condiciones histórico-particulares de una sociedad. La intención, entonces, es que en todo tiempo y lugar estas necesidades no sólo puedan y deban ser satisfechas sino también desarrolladas con el fin de que la humanidad, tal como la conocemos, pueda continuar su itinerario histórico hacia estadíos de mayor bienestar, justicia y equidad.

Tal como se ha indicado más arriba, no es posible evaluar privaciones sociales sin un marco normativo que determine los parámetros sobre los cuales corresponde juzgar ciertos funcionamientos como deficitarios o aceptables. El desafío de fijar un patrón de realizaciones mínimas universales para diferentes sociedades constituye un problema no sólo de tipo formal sino de orden teórico: ¿Cómo puede establecerse un estándar común de realizaciones entre diferentes sociedades si los contenidos de las necesidades –satisfactores y funcionamientos fundamentales- pueden variar de una sociedad a otra dependiendo de su contexto cultural?

Es en este punto complejo donde el lenguaje de los derechos desempeña un papel fundamental. En efecto, existen amplias razones epistemológicas para sostener que la medición de las privaciones humanas no tiene porque ser un ejercicio especulativo, sino el resultado de un trabajo de investigación descriptivo orientado a relevar los avances civilizatorios logrados por la sociedad humana a lo largo de su historia (Sen, 1992). Si bien no hay una única historia humana, ni un exclusivo relato entorno a ella, se encuentran suficientes argumentos para sostener que no cualquier relato es válido a la luz de una humanidad que, en todo lugar y momento parece luchar por sobrevivir, no sin contradicciones, bajo unas condiciones de creciente dignidad y libertad individual.

El bienestar humano exige la vigencia de una serie de condiciones cuyo acceso y ejercicio por parte de las personas, familias y grupos sociales constituyen una fuente para prolongar la vida, la dignidad humana y la integración social, por lo cual, no existe una única manera de definir el desarrollo de una sociedad. Las realizaciones generadas por tales condiciones significan un punto de partida que le permiten al ser humano “un lúcido ocuparse consigo mismo y el mundo” (Corona, 2003: 14); de tal manera que participe en forma activa de la reproducción, distribución y consumo de los bienes y servicios materiales y simbólicos generados por el desarrollo social. Un sistema de este tipo, requiere un crecimiento del patrimonio social que garantice al mismo tiempo, la equidad distributiva y la sustentabilidad en el largo plazo.

Con la traducción operativa de un concepto como “desarrollo humano y social” se impone un trabajo de investigación, en el cual se pone en juego un cierto conocimiento acumulado y fundado en acuerdos intersubjetivos que demuestran la dimensión ética del científico social. Justamente, es este el papel que desempeñan los derechos humanos reconocidos por los distintos instrumentos de derecho internacional. Esta manera de evaluar el progreso de una sociedad encuentra legitimidad en el hecho histórico de que ambos horizontes –tanto el desarrollo personal como el desarrollo social– se hallan reconocidos, resguardados y promovidos por una sumatoria de derechos individuales, sociales, políticos y culturales de alcance internacional, que la humanidad ha ido incorporando al proceso civilizatorio.

En este sentido, los derechos sociales cumplen una función clave como parámetros para evaluar el desarrollo humano y social –definido en término de funcionamientos valiosos- a nivel global (Salvia y Lépore, 2008; Salvia, 2011b; Abramovich y Pautassi, 2010). Al respecto, cabe agregar, tal como señala Pogge (2005), que el lenguaje de los derechos reconocidos jurídicamente resulta especialmente adecuado para tal fin dado su amplia aceptación. De este modo, se sostiene que un criterio medular de justicia asentado en el enfoque de los derechos asegura, por una parte, el respeto a las diferencias culturales y, por la otra, el desarrollo de una vigilancia sustantiva del orden político abocado al combate de la explotación, la pobreza y la desigualdad social (pp. 72-73).

En efecto, la comunidad internacional reconoce el carácter imperativo del desarrollo humano social en numerosos instrumentos normativos, entre los cuales se destaca la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (ONU, 1948). Del mismo modo opera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo preámbulo establece el ideal de un ser humano libre, liberado del temor y de la miseria (ONU, 1966). Asimismo, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el derecho al desarrollo como derecho humano inalienable (ONU, 1986). En este sentido, las normas del derecho internacional ofrecen una serie de prerrequisitos sociales mínimos para el funcionamiento social, a partir de los cuales, cuando ellos no se cumplen, se hace evidente la existencia de un perjuicio grave para el desarrollo tanto material como moral de la persona, grupo social o comunidad afectada.

Por último, cabe destacar la estrecha coincidencia que presentan en sus fines las teorías del desarrollo humano, la perspectiva estructuralista y el enfoque de derechos sociales. Justamente, es por ello que este marco de normas sociales constituye para el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina un criterio teórico que permite justificar los parámetros y umbrales mínimos utilizados para el estudio y la evaluación del estado del desarrollo humano y social en nuestro país.

LA INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO HUMANO Y LOS DERECHOS SOCIALES

De acuerdo con los argumentos hasta aquí expuestos, tanto el avance de la teoría social como el progreso de los derechos humanos orientan la elaboración del “listado” de dimensiones / indicadores básicos que deben ser evaluados para examinar el desarrollo humano y social en cualquier sociedad. Esto sin menoscabar, de que la justa distribución de recursos, satisfactores y funcionamientos humanos a nivel familiar, comunitario, nacional o global pueda implicar, o incluso requerir, una ponderación diferente de acuerdo con las prioridades en cada sociedad, al igual de integrar satisfactores de diferente naturaleza.

El examen de la normativa internacional en materia social permite descubrir al menos tres grandes dimensiones de derechos mundiales reconocidos o en proceso de institucionalización, cuyo sentido práctico, en términos de medios comunes asociados a fines humanos valiosos, los hacen exigibles cualquiera sea el contexto donde se apliquen:

i) La primera refiere a los derechos económicos de las sociedades a participar de un desarrollo auto-sustentable tanto en lo productivo como en lo ambiental y social, enmarcado bajo normas de soberanía, de responsabilidad y solidaridad, en especial con lo relacionado a la producción e intercambio de riquezas.

ii) La segunda abarca los derechos políticos de las naciones a construir su propia historia bajo condiciones soberanas, que dentro de los sistemas democráticos de gobierno, hagan posible el desarrollo institucional que vele por el respeto de los derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales de cada pueblo.

iii) La última compila los derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales de las poblaciones a vivir una vida digna y libre de pobreza, lo cual implica que puedan desarrollarse las capacidades humanas en condiciones de libertad de acción y participación, con igualdad de oportunidades de origen y con respeto a la diversidad multicultural.

Tal como se menciona en otras ocasiones (Salvia y Tami, 2005; Salvia, 2006; Salvia, 2011a), las investigaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina se apoyan en los problemas o cuestionamientos que se plantea entorno de la última de las dimensiones (derechos globales). Desde esta perspectiva, las dimensiones del desarrollo humano y social pueden expresarse en términos de derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales que promueven el desarrollo humano-social integral. Pero ¿cuáles son las necesidades humanas universales que permiten argumentar que tales derechos resultan valiosos para la humanidad?

Esta investigación se reconocen al menos dos tipos de necesidades como fundamentales para el desarrollo de las capacidades humanas y sociales: a) Necesidades de Subsistencia y de Protección, y b) Necesidades de Entendimiento y Participación. Estos se abren a su vez, en dos dimensiones claves, a través de las cuales se puede evaluar desde una perspectiva fundamentada en el enfoque de derechos sociales las condiciones de pobreza en materia de desarrollo e integración de dichas capacidades, a saber, i) Pobreza en las condiciones y recursos de subsistencia y protección (debido a la falta de agua, alimentación, sistemas de salud y abrigo suficientes, recursos de habitabilidad, trabajo-seguridad social y reconocimiento legal suficientes), y ii) Pobreza de entendimiento y participación ciudadana (debido a la deficiente calidad de la educación y la información, el aislamiento social, la discriminación y la marginación social y política).

Sostener el desarrollo humano y social desde esta perspectiva implica estructurar un sistema político-económico-social que garantice alimentación, salud, educación, vivienda, administración de justicia, seguridad, libertad de expresión y de participación política entre otros funcionamientos y satisfactores. Por otra parte, el desarrollo de tales funcionamientos humanos debe garantizarse de manera universal en términos de resultados y no sólo de oportunidades, lo cual introduce parámetros necesarios de justicia y equidad a cualquier evaluación social.

De esta situación se desprenden una serie de demandas sociales y políticas que definen un piso de justicia social que debe ser resguardado en cualquier espacio y tiempo; estas son por demás permanentes y recurrentes en este sentido. La capacidad para sostener, prolongar y desarrollar la calidad de vida social –incluso socio-ambiental- incluye la distribución equitativa del capital físico, social y cultural generado por las propias sociedades. Dicho en otros términos, todos los seres humanos tienen derechos y deberían poder acceder a estándares mínimos de bienestar e integración en razón de su condición humana, independientemente de cualquier situación económica, política, étnica, social o cultural.

En este sentido, si bien la pobreza no se limita a los aspectos económicos y materiales, dichos elementos resultan fundamentales para que las personas puedan acceder a condiciones que aseguren una vida digna como miembros activos de una comunidad económica, social y política. Se trata de “condiciones sin las cuales los seres humanos no pueden sobrevivir, evitar la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento” (Allardt, 1996:127). Por lo tanto, el desarrollo de las capacidades humanas y sociales exige el acceso seguro de la población a una serie de condiciones materiales, sociales y simbólicas que hacen a la protección, conservación, reproducción y desarrollo social. Es decir, no sólo se trata de preservar la vida y desarrollarla de manera sustentable, sino además, de acceder efectivamente a las condiciones justas de autonomía, integración y realización humana que lo permitan.

Desde esta perspectiva, parece evidente que la libertad individual, y junto con ello un orden social apoyado en principios de bienestar, sólo se hace posible cuando la vida humana alcanza la capacidad de preservarse y sostenerse de manera autónoma, lo cual requiere a su vez de un sistema social que haga necesarios, factibles y promueva tales funcionamientos bajo reglas claras de integración social. Es decir, el pleno bienestar individual en condiciones de libertad sólo podría realizarse en un contexto de pleno bienestar social bajo condiciones de autodeterminación.

Siguiendo esta línea de razonamiento, el Observatorio de la Deuda Social Argentina ha asumido como su objetivo de investigación, el estudio de la pobreza en materia de desarrollo humano e integración social, apoyándose para ello en un criterio de justicia basado en las teorías más radicales del desarrollo humano y bajo el recorte que ofrecen los derechos sociales.



LOS ESPACIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL.

En función de atender los desafíos teórico-metodológicos que convoca el estudio sistemático de las dimensiones sociales del desarrollo humano y social resulta importante responder al menos tres cuestiones: a) ¿cuáles son los conceptos e indicadores válidos y más confiables que deben ser utilizados para medir el desarrollo de las capacidades humanas en término de funcionamientos y satisfactores necesarios?; b) ¿cuál son los umbrales a partir de los cuales corresponde juzgar si accede a los mínimos necesarios, es decir, si se cumple o no con los parámetros establecidos en cada caso?; y c) ¿cuáles son los problemas de medición que imponen estos procedimientos teórico-metodológicos, tanto a nivel de estrategias de investigación como en materia de perspectivas y técnicas de análisis?

Dar respuesta a estas preguntas implica establecer cuáles son los funcionamientos humanos y sociales que deben estar presentes para la identificación de la población excluida de los derechos fundamentales al desarrollo humano y a la integración social, en los términos argumentados más arriba. Es decir, una vez identificadas las necesidades/funcionamientos básicos que se deben garantizar según los derechos sociales, acordes con las teorías del desarrollo humano y la estructuración social, se trata de fijar aquellos “mínimos” a partir de los cuales se pueden evaluar o considerar como incumplidos, y que por lo tanto, resultan exigibles.

En este sentido, la distancia que presentan las condiciones de vida de una persona, familia o grupo con respecto a una serie de parámetros que fijan las condiciones, recursos y realizaciones mínimas que requieren los desarrollos humanos y sociales, según estándares normativos vigentes, habrán de constituir una medida válida de la “deuda social” correspondiente. Esta perspectiva considera por “deuda social” no sólo las privaciones “absolutas” a las que se ve sometida parcial o totalmente la población, sino también aquellas de carácter “relativo”, que según una norma de derecho social, implican una distribución desigual de capacidades de acceso a recursos y a satisfactores existentes, sean estos materiales, psicosociales o político institucionales.

De este modo, para lograr un estado satisfactorio de desarrollo humano y social, los sistemas sociales deben garantizar a todas las personas, familias y grupos sociales un acceso seguro a los satisfactores y funcionamientos sociales considerados como “mínimos necesarios” para el sostenimiento y desarrollo de una vida “cada vez más” humana, acorde a los derechos sociales que velan por su cumplimiento. En el caso de la inexistencia de tal parámetro, la identificación de umbrales “mínimos” a partir de las privaciones relativas ofrece criterios válidos para la identificación del déficit en el desarrollo humano correspondiente con una necesidad/capacidad determinada, según los estándares normativos, sociales y culturales de una sociedad.

Evidentemente las consideraciones precedentes determinan las dimensiones implicadas a la hora de evaluar las “deudas sociales” en materia de desarrollo humano y social. Para ello, la estrategia utilizada más directa por esta y otras investigaciones consiste en establecer un conjunto de satisfactores/funcionamientos sociales fundamentales que deben cumplirse (en función de las capacidades y necesidades humanas fundadas en derechos). A partir de lo cual resulta necesario especificar los indicadores respectivos que midan las privaciones en términos de presencia o ausencia de realizaciones, y no sólo de recursos indirectos o de satisfactores directos a los cuales se puede o no acceder.

Desde el enfoque teórico seguido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, tanto las condiciones materiales de vida como de integración humana y social constituyan ámbitos fundamentales en donde evaluar, de manera multidimensional, el grado en que las personas, los grupos y las comunidades logran ejercer sus derechos, desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades humanas con autonomía de gestión, al tiempo que como miembros activos de un sistema de organización económica, social y política de carácter colectivo.

Al igual que en las primeras ediciones del Barómetro de la Deuda Social Argentina, y acorde con los argumentos teóricos planteados, el campo de análisis de las necesidades humanas y sociales no puede ser abordado de manera unidimensional por lo que corresponde distinguir dos niveles de: a) las condiciones materiales de vida, y b) las condiciones de integración humana y social. Ambos aspectos constituyen un espacio integrado y válido de evaluación del grado de desarrollo humano y social alcanzado por la Argentina contemporánea, además de su evolución histórica; motivo por el cual, la Serie Bicentenario (2010-2016) de Barómetros de la Deuda Social Argentina, vuelve a incluir estas dimensiones en la investigación.

El primero de dichos niveles, abordado en los capítulos 1, 2 y 3 de este libro, reconoce una serie de funcionamientos que son de carácter material o que requieren de satisfactores socioeconómicos para su cumplimiento. El espacio de las condiciones materiales de vida remite a una serie de necesidades que requieren de satisfactores económicos, que bien pueden ser generados por los propios hogares o por los mercados y distribuidos por el Estado-comunidad de manera subsidiaria. Se trata de recursos y satisfactores materiales y sociales sin los cuales los seres humanos no pueden garantizar su subsistencia, desarrollar funcionamientos básicos a la vida, relacionarse con otras personas y evitar la exclusión social (alimentación, trabajo, hábitat, salud, educación y subsistencia).

El segundo por su parte, analizado en el 4 y 5 capítulo, reconoce una serie de funcionamientos psicosociales, relacionales, políticos y ciudadanos que son requeridos para el bienestar subjetivo y la adecuada integración de las personas a la vida social y comunitaria. El espacio de la integración social se expresa, esencialmente con el florecimiento de las capacidades relacionales y psicosociales del desarrollo humano. Desde la perspectiva abordada, la integración se concreta con el rango de oportunidades que ofrece la vida colectiva a nivel psicosocial, cultural, integridad personal, confianza comunitaria, participación política, libertad ciudadana, entre otros.



El espacio de las condiciones materiales de vida

El análisis de las condiciones materiales de vida implica la evaluación de un conjunto de funcionamientos asociados a fuentes de bienestar material, los cuales encuentran su realización tanto en el ámbito público como privado: acceso seguro a los servicios y consumo razonable de bienes básicos así como el resguardo de los recursos económicos suficientes para el sostenimiento de la vida, bajo unas condiciones de hábitat dignas, acceso a medios públicos de inclusión social, y la realización de un trabajo decente, lo cual implica la respectiva formación o capacitación en competencias laborales. Si bien se incluyen indicadores de ingresos monetarios, la definición de desarrollo humano y social utilizada es mucho más compleja y abarca una serie amplia de satisfactores económicos y realizaciones materiales por parte de las personas y los hogares.

En esta dimensión de análisis se distinguen tres aspectos básicos que agrupan una serie de indicadores relacionados con las condiciones materiales para el desarrollo humano desde la perspectiva de derechos: a) las capacidades de subsistencia económica de los hogares, b) las condiciones de vida en el hábitat urbano, y c) los satisfactores laborales y de protección (ver figura A).



Figura A: Aspectos básicos que comprenden las condiciones materiales del desarrollo humano

CAPACIDADES DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA

CAPACIDAD DE CONSUMO Y DE AHORRO MONETARIO

LOS INGRESOS COMO RECURSOS DE SUBSISTENCIA

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y RECORTES EN SALUD



CONDICIONES DE VIDA EN EL HÁBITAT URBANO

DISFRUTE A UNA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA

CONEXIÓN A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED

ACCESO A INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA

CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES SALUDABLES



SATISFACTORES LABORALES Y DE PROTECCIÓN

SITUACIÓN LABORAL Y RIESGO DE DESEMPLEO

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO



El espacio de las capacidades de integración social

En el espacio de la integración humana y social se considera que las expresiones básicas refieren a las capacidades físicas, psicológicas y ciudadanas, de manera que incluye un conjunto de funcionamientos asociados a fuentes de bienestar no materiales (tanto materiales como simbólicas) que encuentran su realización de manera especial en el espacio público a través de la inversión social y el fortalecimiento de las instituciones sociales, culturales y políticas comunitarias.

Se evalúa en particular en esta dimensión el grado razonable de bienestar psicológico-emocional de las personas, expresado en la existencia de recursos psicosociales, el acceso adecuado a los servicios de salud biológica-psicológica, contar con vínculos sociales que sirvan de apoyo mutuo y la impresión que tienen las personas sobre el neurálgico tema de la situación de seguridad. Asimismo se examinan los elementos que se consideran indispensables para el buen funcionamiento de la democracia representativa: las condiciones de credibilidad de las instituciones políticas y sociales, la percepción ante el sistema de gobierno, los medios de acceso a la información y la efectiva participación ciudadana a través de los canales ideados para tal fin.

Aquí se distinguen dos dimensiones básicas que agrupan una serie de indicadores examinados de integración humana y social: a) vida social y el acceso a los sistemas de salud biológico-psicológico, y b) vida democrática, credibilidad institucional (tanto de las organizaciones civiles y políticas) y participación ciudadana (ver figura B).



Figura B: Aspectos básicos que comprenden las condiciones de integración social del desarrollo humano

SALUD, RECURSOS PSICOLÓGICOS Y VIDA SOCIAL

ESTADO Y ATENCIÓN DE LA SALUD

RECURSOS PSICOLÓGICOS

RELACIÓN CON OTROS



CULTURA DEMOCRÁTICA Y VIDA CIUDADANA

PREFERENCIAS, CONFORMIDAD Y ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES CIUDADANAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

A partir de esta traducción de dimensiones a conceptos e indicadores, el análisis de las dimensiones se vincula a dos tipos de ejercicios metodológicos que resultan de interés para este programa: (a) comparar en un momento y a lo largo del tiempo los alcances que presentan las privaciones en relación con los estándares normativos de funcionamientos mínimos (fundado en derechos establecidos), y (b) comparar la privación relativa de los diferentes grupos en términos de un estándar mínimo socialmente establecido, por ejemplo, el que predomina en alguna categoría social aventajada (los sectores socioeconómicos acomodados).

Asimismo, cabe señalar que en casi todos los casos los indicadores analizados en cada dimensión de estudio miden en forma directa privaciones injustas. El porcentaje de población por debajo de los umbrales correspondientes debe ser interpretada como una medida agregada de cada privación. La lista de indicadores utilizados en cada espacio y por dimensión se despliega en la presentación teórico-metodológica de cada capítulo.

A través de este diseño teórico-metodológico, los capítulos que siguen ofrecen al lector un balance comparativo detallado del grado en que se hayan afectadas las condiciones de desarrollo humano e integración social, así como también de sus variaciones durante el período reciente 2007/2010-2011. En todos los casos, este análisis se especifica para distintas categorías sociodemográficas, socioeconómicas y residenciales, las cuales buscan representar la desigual distribución de posiciones, recursos y atributos socioeconómicos y socioculturales en la población urbana. En tal sentido, los capítulos contienen un análisis comparativo de los niveles de incidencia, brechas de desigualdad y diferencias de medias para las variables e índices utilizados, así como de los porcentajes que presentan los indicadores de privación que conforman cada dimensión de estudio.



UN BALANCE NECESARIO AL SEGUNDO AÑO DEL BICENTENARIO Y LA AGENDA PENDIENTE

La serie de estudios realizados por los informes del Barómetro de la Deuda Social Argentina entre 2004 y 2010 han tenido siempre el objetivo evaluar desde una perspectiva integral la evolución de las condiciones de desarrollo humano e integración social de la población urbana del país. Sin duda, cada vez más lejos de la profunda crisis que experimentara nuestra sociedad en los primeros años del milenio, el núcleo problemático que fue atravesando los diferentes informes puede resumirse en la pregunta: ¿en qué medida el crecimiento económico, la ampliación de los derechos sociales y las mejoras en las políticas públicas promovidas durante la última década impactaron de manera positiva en el desarrollo humano y en una más justa distribución de las capacidades de integración social para el conjunto de la población?

Sin duda, después de la crisis 2001-2002, el desempeño económico tuvo un papel fundamental en la reducción de la pobreza, la normalización institucional y la recuperación de la confianza, siendo ello posible debido fundamentalmente al crecimiento de la economía, a la recuperación del empleo y al aumento de las remuneraciones reales de los trabajadores formales. Así como también, gracias a un importante esfuerzo de transferencia de ingresos a través del gasto social por parte del Estado. Sin embargo, no todos los sectores sociales lograron beneficiarse de la misma manera, ni dicha política logró, tal como sabemos, una plena incorporación de la población excedente al modelo de desarrollo productivo. En este contexto, a pesar del crecimiento y la caída del desempleo, la desigualad no cedió terreno.

Esta etapa de importante recuperación económica y político-institucional mostró sus primeros signos problemáticos en el año 2007, cuando se aceleró el proceso inflacionario y se frenó la creación de empleos productivos. A ese proceso, le siguió una primera retracción y un reflujo en las expectativas sociales durante la primera parte del año 2008. A fines de 2008 y durante buena parte de 2009, los efectos internos de la crisis financiera internacional afectaron directamente la actividad económica e impusieron mayores barreras a la movilidad social de los sectores más pobres. Por último, a finales de 2009, se inició una sensible recuperación de la economía, alcanzando una tasa de crecimiento elevada durante 2010 y 2011, aunque bajo un persistente proceso inflacionario. Al mismo tiempo, tuvo lugar un renovado esfuerzo por parte del Estado de transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables a través de programas de empleo social y de transferencias condicionadas de ingresos.

A pesar de todo ello, lamentablemente, quedó constatado que una parte importante de la población todavía ha continuado sumergida en la marginalidad y carece de condiciones plenas de inclusión económica e integración social (Salvia, Adaszko, Donza, et al, 2011a y 2011b). Por lo tanto, si bien las respuestas dadas a la pregunta arriba formulada nunca dejaron de mostrar tanto los avances como los eventuales retrocesos, la investigación interdisciplinaria ha ido mostrando que, más allá de las buenas intenciones, o de las buenas o malas noticias que fueron acompañando a cada uno de los años de la década, persiste un orden económico, social y cultural “disonante”, profundamente desigual, el cual hace inalcanzable el desarrollo humano y la integración social para vastos sectores de la sociedad. Al respecto, parece confirmarse una y otra vez que, junto a una importante mejora de los indicadores económicos y sociales lograda sobre una recuperada y extensa franja de sectores medios, el crecimiento del consumo económico y de la asistencia pública no han logrado resolver la trampa de la exclusión ni reducir las desigualdades sociales.

De ahí que el monitoreo sistemático y la información académica actualizada sobre el estado de situación que atraviesan a la cuestión social constituyen tareas imprescindibles para permitir tanto el debate reflexivo sobre las prioridades sociales como el conocimiento objetivo de las condiciones de partida para cualquier proyecto estratégico de desarrollo. En este marco, una pregunta adicional de alcance crucial resulta obligada, ¿en qué medida se encuentran fortalecidas o disminuidas las capacidades políticas y sociales para acompañar este proceso histórico en función de hacer posible un cambio económico, político y social de rumbo hacia un modelo de sociedad más justo y equitativo para toda la sociedad?

Si bien no es esta la oportunidad para responder integralmente la pregunta, cabe señalar que el presente informa brinda evidencias sobre algunas posibilidades y debilidades que brinda el país real al respecto. Sin embargo, un hecho que también destaca, lamentablemente, es que la información oficial no ofrece la confianza necesaria para enfrentar con objetividad y en diálogo abierto los temas que plantea la agenda social. Este problema, aunque parezca secundario, no deja de ser un signo de los problemas que organizan el tiempo político-institucional en nuestro país. Más allá de la importancia que tiene en sí mismo la ausencia de estadísticas sociales transparentes y confiables, el hecho ilustra la dificultad de consensuar y coordinar políticas de Estado a partir de un discurso único engañoso e instrumental sobre la realidad.

Es ante estos desafíos que cabe destacar el valor específico de nuestra investigación en cuanto a ofrecerle a la sociedad evidencias sistemáticas y de manera continua sobre el estado y la evolución del desarrollo humano y la integración social en nuestro país, al inicio de esta nueva etapa y oportunidad histórica que abre el período del Bicentenario 2010-2016. Está en el centro de las expectativas de los investigadores del Observatorio de la Deuda Social Argentina poder contribuir a tal fin.