Un Quindío excluyente con la discapacidad

De 7.286 personas que presentan alguna discapacidad en el Quindío, tan sólo 777 se encuentran trabajando, de acuerdo con cifras reveladas por el Observatorio del Mercado de Trabajo del ministerio de la Protección Social y actualizadas a mayo de 2010.

Este bajísimo porcentaje del universo presentado en el departamento, cercano al 10%, refleja el desconocimiento o el temor del sector empresarial del ente territorial ante la posibilidad de que esta comunidad pueda hacerse cargo de procesos en sus actividades productivas, pese a las políticas expedidas por el gobierno en materia de inserción laboral.

Precisamente esta semana el concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que ofrecería, de ser aprobado, un incentivo a las compañías que vinculen personas en condición especial, madres cabeza de familia y discapacitados.
La estrategia se fundamenta en lo estipulado en la Guía Técnica Colombiana de responsabilidad social GTC 180, y se sumaría a los beneficios que las unidades productivas que generen plazas de empleo para personas con este tipo de condiciones pueden lograr según lo establecen leyes como la 789 de 2002, que en su artículo 13 configura un marco legal que permite la exención del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, Sena e Icbf con la condición de adherir trabajadores adicionales al promedio presentado en 2002 con una disminución de su capacidad laboral superior al 25%.

La misma normativa señala que aquellas personas que presenten esta situación y “que tengan a cargo sus padres, hermanos, huérfanos de padre, hijos con discapacidad, o capacidad física disminuida, tienen derecho a una doble cuota del subsidio sin limitación a su edad”.


La situación del departamento
El informe presentado por el ministerio de la Protección Social señala que en el ente territorial se registran siete mil 286 individuos con algún tipo de discapacidad, de los cuales tres mil 839 pertenecen al género masculino y tres mil 447 al femenino.

De estos, solamente 777 se encontrarían laborando, en una proporción en la que los hombres superarían ampliamente en cantidad a las mujeres: 627 contra 150. El resto de esta comunidad se encontraría buscando trabajo (191), estudiando (599), y únicamente 39 estarían pensionados.

Por otra parte 159 estarían realizando actividades de autoconsumo, y mil 232 se dedicarían a las actividades del hogar. En este registro 807 están caracterizados en la difusa categoría Otras actividades, y de 106 no se sabe nada.
Para Martha María Marín, coordinadora para el Quindío de la fundación Saldarriaga Concha, los temores de los empresarios regionales por el riesgo de que estos empleados no logren el nivel de productividad requerido por la empresa son infundados.

Cabe recordar que dicha entidad patrocina en la actualidad y hasta dentro de un año, aproximadamente, un proyecto de apoyo a siete unidades de trabajo quindianas con personas en condición de discapacidad y que es operado por Granfundación.

“Estas personas tienen una gran dificultad para competir en el mercado laboral frente a otras que no presentan su condición porque, a pesar de los incentivos para motivar su vinculación en la actividad económica del país, parece existir cierto recelo. Sin embargo cuando alguna de estas personas logra ser contratada resultan ser sumamente competitivas. En la experiencia que conozco con la Granfundación, sé del caso de una fábrica de interruptores eléctricos que le abrió las puertas a un invidente. Esta empresa tenía un promedio de producción de 70 switches al día y este personaje duplicó, en dos meses, esta cifra, lo que obligó al resto del personal a mejorar sus índices de eficiencia para no quedarse atrás”.

Las estadísticas confirman el postulado. Si bien se esperaría que de aquellos afortunados —que lograron un empleo o que no fueron despedidos al adquirir la discapacidad— la mayoría estuviera laborando en actividades no físicas, el registro presentado por la cartera señala que en el Quindío el agro es el mayor generador de oportunidades laborales.

267 personas, con una participación del 34,37% del total de trabajadores, se dedican a actividades de siembra agrícola en la zona rural del Quindío; y le sigue en su orden la categoría otras actividades, con 209. Entre tanto el comercio y los servicios, que por sus requerimientos podrían considerarse como buena ‘plaza’, tan sólo aportan 153 y 100 empleos, respectivamente.


El acceso a la educación, crítico
El Observatorio recalca además el impresionante déficit en materia de nivel educativo de esta comunidad: de las más de siete mil 800 personas discapacitadas en el departamento, tres mil 478 sólo han superado la primaria, mil 095 cuentan con formación secundaria y un alarmante número de dos mil 771 no reportan nivel educativo alguno.

Asimismo, 53 individuos cuentan en su hoja de vida formación técnica o tecnológica, 48 son universitarios y 12 han hecho estudios de postgrado, lo que podría dar luces sobre la bajísima tasa de vinculación laboral y la participación en el total de los sectores productivos.

El otro criterio que se debe tener en cuenta es, según Marín, el tipo de condición que presentan: “en el término se incluyen varios tipos de condición que cuentan con niveles diversos de complejidad. Tal es el caso de la discapacidad cognitiva, que hay que tratarla con ‘pinzas’ porque ante la Ley son considerados inhábiles y por eso se dificulta su contratación. De hecho estas personas ni siquiera pueden heredar una pensión”.

El registro de Minprotección señala que en el departamento 1.058 individuos con problemas de movilidad de su cuerpo o extremidades no han culminado su primaria, mientras que cuatro registran educación secundaria, 16 son tecnólogos o técnicos, cuatro más son profesionales universitarios, dos cuentan con postgrado y de 970 no se tiene información.
Las cifras son aún menores en personas con dificultades asociadas a su sistema nervioso: una completó su formación secundaria, cuatro su técnico o tecnólogo, tres su carrera universitaria y ninguno tiene postgrado.

Por último llama la atención el hecho de que condiciones relacionadas con invidencia o ceguera, —que no se consideran tan inhabilitantes para llevar a cabo sus procesos de formación y para las que ya existe experiencias educativas — tengan índices tan bajos de educación: el informe indica que habría un único bachiller con problemas de audición, dos técnicos o tecnólogos, un universitario y ningún postgraduado; mientras que en el caso de los invidentes no se registra a nadie en ninguna de las anteriores categorías.


Por: Andrés Felipe Mejía Álvarez